El significado para la izquierda de la acusación constitucional de la derecha

particular para la izquierda chilena antineoliberal auténtica. En el marco del régimen político post-dictadura ha quedado en evidencia que en manos de los actores del sistema parlamentario binominal el mecanismo de la acusación constitucional se presta para las luchas de poder entre las elites políticas, que se ven favorecidas por el engranaje antidemocrático de elección de los parlamentarios.

Dejemos en claro que hasta el momento ningún ministro del Interior ha sido acusado constitucionalmente como responsable directo de la muerte de un joven mapuche, un joven poblador o un trabajador maderero, ya que de él dependen las fuerzas policiales y de orden. Tal acusación hubiera debido haberse hecho en reiteradas ocasiones. Por una razón muy simple: la protección de la vida humana y su dignidad son la razón de ser de una Constitución democrática o de un remedo de Constitución, que por lo mismo tendría que buscar salvar las apariencias. Y las izquierdas modernas tienen un compromiso fundamental con la lucha por la creación de condiciones para la vida digna entre ciudadanos iguales.

Además, los datos suministrados por las encuestas indicaban que la mayoría de la población estaba en contra de la destitución de la ministra Provoste. Aún así, la derecha vieja, apoyada por la neo derecha ex DC de Zaldívar y los ex PPD de Flores, adoptó una estrategia de confrontación directa, cuyo objetivo político-mediático era asestarle un golpe al gobierno concertacionista. Es el tipo de escaramuzas propio de lo que se llama el juego político parlamentario en regímenes donde la exclusión de los sectores populares es la norma. Panem et circences.

Cabe preguntarse qué hubiera hecho en una situación parecida un grupo de parlamentarios pertenecientes a un bloque de partidos de izquierda auténtica en una hipotética situación donde la elección de parlamentarios se hubiera hecho según la regla proporcional. ¿Hubieran votado por la destitución de quién era responsable-imputable en la gestión de los dineros públicos de un sistema de educación opaco y regulado fundamentalmente por la lógica del lucro?

Es evidente que un bloque de parlamentarios de izquierda y antineoliberal hubiera bregado siempre por un sistema de educación gratuito y universal congruente con la concepción de que la educación pública y laica son un derecho y un bien común que deben ser responsabilidad del Estado. Una política popular se hubiera enmarcado y apoyado en las movilizaciones estudiantiles y en las luchas populares de los trabajadores y de las capas medias para exigir que parte de los excedentes fiscales fueran invertidos en un plan de educación global y bien planificado. Lo mismo en salud para todos y de calidad.

Un equipo de parlamentarios de izquierda antineoliberal hubiera planteado, sin lugar a dudas, el llamado a Estados Generales o a una Asamblea de la educación pública, donde con la participación de las organizaciones sindicales de profesores, de la CUT, de los apoderados, de los estudiantes, de los movimientos sociales, de los expertos del mundo académico y de los partidos políticos se hubieran diseñado las políticas educacionales para un Chile moderno.

Pero fundamentalmente la izquierda hubiera defendido la necesidad de un plebiscito para dar curso a esta reivindicación y a otras como el derecho al aborto y a la elección de una Asamblea Constituyente para redactar una Constitución democrática que garantice no sólo las libertades individuales sino también los derechos económicos y sociales de los ciudadanos.

Además, hubiera creado las condiciones para consultar directamente a la ciudadanía y a sus militantes acerca de la actitud a adoptar ante una acusación constitucional buscando preservar siempre la coherencia con sus principios.

Y para transparentar los mecanismos de subvención y distribución del dinero público a sostenedores privados, un bloque de izquierda hubiera apoyado la creación de una comisión investigadora compuesta por parlamentarios y por expertos probos.

Editoriales de medios derechistas ya han advertido acerca del peligro que implica la utilización reiterada del mecanismo de la acusación constitucional. No tienen un pelo de tontos. En este caso se justificaría, han dicho, con esa mala conciencia que caracteriza a la derecha chilena.

Ahora bien, y esto sí que hubiera sido una práctica intransigente. Un grupo de parlamentarios de izquierda utilizaría el mecanismo de la acusación constitucional cada vez que la vida de un trabajador es sesgada por las balas de los aparatos policiales o que jóvenes pobladores y mapuches caen bajo balas anónimas, o que un movimiento huelguístico es reprimido con la ferocidad denunciada por Amnistía Internacional en circunstancias donde las fuerzas del orden operan y dependen directamente del ministerio del Interior.

Por Leopoldo Lavín Mujica. Profesor del departamento de filosofía, Collège de Limoilou, Québec, Canadá

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Leopoldo Lavín
leolavin@sympatico.ca